martes, 2 de octubre de 2012

¿Qué piensan los diputados de la futura Ley de Transparencia?

Mesa Redonda en la Facultad de Ciencias de la Información (UCM):

  • Irene Lozano, UPyD
  • Joan Josep Nuet, Izquierda Plural
  • Meritxell Batet, PSOE
  • Victoria Anderica, Access Info Europe
  • Moderador: Borja Bergareche, corresponsal de ABC en Londres.

España es el único país con más de un millón de habitantes que no cuenta con una Ley de Transparencia. Ahora, el gobierno del Partido Popular está a punto de aprobar el todavía proyecto de ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno. Con muchas prisas y muchos fallos. Así lo denuncian los expertos que afirman que la ley se encuentra por debajo de los estándares internacionales. Las posibilidades de mejorar la ley en el  debate parlamentario son escasas: el día 9 de octubre, finaliza el plazo para realizar enmiendas y la mayoría absoluta del PP es un obstáculo en el proceso.

Desde 2006, la Coalición Pro Acceso, que incluye 60 organizaciones de la sociedad civil comprometidas con la Transparencia, lucha por implantar el derecho de acceso a la información en España. Se llevan las manos a la cabeza al ver que ahora que por fin España se atreve a apostar por la transparencia, lo hace con un texto defectuoso que antepone la prioridad del control del gasto público a la creación de una cultura de transparencia.

En la mesa redonda organizada por la Coalición, en la Facultad de Ciencias de la Información (Universidad Complutense de Madrid), los diputados de distintas formaciones políticas encargados del proyecto de Ley de Transparencia, tuvieron la oportunidad de exponer ante el público sus opiniones sobre el texto actual y cómo trataran de modificarlo. Ningún miembro del PP (ni de CIU) acudieron al evento. Un hecho profundamente revelador pero en nada sorprendente.

Estos son los 4 puntos más importantes del texto de ley actual que deben modificarse, si no queremos estar a la cola de Europa también en temas de transparencia:


El derecho de acceso a la información no es considerado como un derecho fundamental

PP y PSOE defienden que la ley de transparencia sea un ordenamiento ordinario cuando el Tribunal Europeo de Derechos Humanos le otorga el máximo rango en la jerarquía de leyes. Además, Irene Lozano (UPyD) está convencida de que al ser una ley ordinaria entraría muchas veces en colisión de derechos con el derecho a la intimidad y de protección de datos, ambos reconocidos como derechos fundamentales. 
El diputado de Izquierda Unida, Joan Josep Nuet, apunta que la Constitución se hizo en un contexto muy distinto al de hoy y que sus autores le dieron la posibilidad de crecer. Por eso, la ley de Transparencia debe adelantarse a sus tiempos y tener en cuenta el contexto de los próximos 30 años.

La ley excluye parcelas de información

Los expertos parten de que toda la información pública pertenece a los ciudadanos, ésta debe publicarse pro-activamente por parte de las administraciones y deben ser contestadas las solicitudes de información. Si nos atenemos a las solicitudes realizadas por los ciudadanos a través de la plataforma Tu Derecho A Saber, el 55% de las demandas de información tienen por respuesta el silencio administrativo. En esos casos la ley no prevé sanciones aunque suponga una violación del derecho a la información. La Casa Real o la agenda del Presidente son ejemplos de parcelas informativas que quedan fuera de esta ley y no se entiende por qué; sólo la información que pone en peligro la seguridad nacional debería estar fuera del alcance de la ciudadanía. Es una ley que nace coja y que deja en último plano el derecho de acceso a la información, según los miembros de la Coalición Pro Acceso.

No prevé un organismo independiente que vele por su cumplimiento

El propio Ministerio de Hacienda será el organismo regulador de la Ley de Transparencia. Parece una broma pero no lo es. Según el diputado de IU, esto demuestra que es una ley pensada para la administración y no para la sociedad. Todos coinciden en que la autoridad debe ser lo más independiente posible del gobierno como la Agencia de Protección de Datos. Es la única forma de acabar con las malas prácticas y responder a las demandas de transparencia y pluralidad.

La promoción del derecho de acceso


Un ley de Transparencia efectiva implica la participación ciudadana en el proceso de toma de decisiones, un cambio en la forma de ver y hacer política y un cambio en los métodos de trabajo de los funcionarios. Éstos últimos son quienes manejan la mayoría de los datos de la administración pública, por lo tanto una buena ley cambiaría considerablemente su forma de trabajar. Necesitan estar preparados y guiados.

  
El público apreció el hecho de poder debatir con los diputados del Parlamento, una práctica que debería ser puesta en práctica más a menudo. Hubiera dado mucho más de sí con algún representante del PP. En unos días, conoceremos si se han producido cambios sustanciales en la Ley de Transparencia. No hay muchas esperanzas. Como apuntan algunos, la ley nacerá vieja y si el texto se mantiene tal y como está ahora, no supondrá un cambio de cultura capaz de acabar con la opacidad en nuestro país.


Consulta la totalidad de las propuestas de los expertos para mejorar la Ley


Los diez principìos de la Coalición Pro Acceso en cuanto a derecho de acceso a la información


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