Desahucios: el gobierno, cada vez más solo

Tan sólo ayer, en el Congreso,  Rajoy seguía haciendo oídos sordos con tal de no enemistarse con el mercado financiero. Es triste decirlo pero la ILP presentada por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca para poner freno a los desahucios ha tenido menos suerte que la ILP a favor de la tauromaquia en las votaciones en el Congreso. 

La dación en pago con efecto retroactivo es la solución mínima que pide la ciudadanía para frenar el mayor drama social de esta crisis. Lo piden los propios afectados, las organizaciones que les apoyan y los ciudadanos de a pie que empatizan con tal situación de injusticia. Hay que agradecer a la PAH muchos esfuerzos y acciones de lucha, llevadas a cabo sin descanso en los últimos años. Es de agradecer también que la plataforma haya conseguido, entre otras muchas cosas, descriminalizar los desahucios. Algunas personas siguen echando la culpa a los que ahora se ven sin casa, por considerarles como deudores merecedores del mal trago que están pasando. Por fortuna, son casos aislados. Al igual que ellos, el gobierno se encuentra cada vez más sólo frente a las voces que exigen una solución. 

Organizaciones de Naciones Unidas
En un informe que salía a luz en octubre del año pasado, la ONU criticó duramente el modelo inmobiliario de los países desarrollados haciendo hincapié en el caso español, y denunció la transformación del concepto de vivienda: “que ha dejado de considerarse un bien social para convertirse en un producto comercial". El informe apunta que los precios de la vivienda subieron de forma exagerada, 147% entre 1997 y 2004, como consecuencia del abaratamiento de la deuda y concesión de créditos a familias que no cumplían los requisitos. 



La Unión Europea 

La abogada general del Tribunal de Justicia de la UE (TUE), Juliane Kokott, dictaminó que la ley española de desahucios vulnera la normativa comunitaria porque no garantiza una protección eficaz de los consumidores frente a posibles cláusulas abusivas en las hipotecas. El consumidor en España sólo puede ejercitar una acción por daños y perjuicios tras ser desahuciado, por lo que considera que se incumple la directiva 93/13. Dicha normativa exige que el consumidor pueda demostrar el carácter abusivo de las cláusulas durante el proceso de ejecución hipotecaria y, en ese caso, detener la ejecución forzosa.

Desgraciadamente, un cambio en la Ley hipotecaria española, que data de 1909 (es decir un contexto totalmente diferente al actual) depende, en gran medida, de la voluntad política del gobierno y no la hay, de la buena voluntad de los bancos y tampoco la hay. Sin embargo, paso a paso, se van uniendo fuerzas que podrían obligar a ese cambio:  la negativa de los cerrajeros en Pamplona a intervenir en las expulsiones, los bomberos de diferentes provincias boicoteando los procesos de desahucios, la presión ciudadana, las negociaciones de la PAH con los políticos y las exigencias de mayor justicia social por parte de la Asociación de Jueces por la Democracia, son algunos ejemplos. 

En los juzgados es donde podría empezar el verdadero cambio sobre el tema de los desahucios, gracias al dictamen del Tribunal de Luxemburgo, que permite a los jueces paralizarlos y tomar medidas cautelares. Además, la Comisión Europea podría abrir un expediente sancionador al gobierno español si éste no cambia la ley. Es pronto para afirmarlo pero seguramente la PAH (y con ella todos los ciudadanos) haya ganado una batalla porque el gobierno no tendrá más opción que aprobar la ILP a favor de la dación en pago. ¡Sí se puede!