Antonio Garrigues: "Hay demasiadas limitaciones al acceso a la información"

Comparecencias en el Congreso sobre la futura Ley de Transparencia: 

Hay que lamentar en primer lugar que tuvieran lugar al mismo tiempo, ayer por la mañana, las comparecencias de los diputados sobre la Ley de Transparencia y sobre el caso de corrupción Bárcenas que afecta al Gobierno. Ambos temas están muy relacionados y era preciso que el público pudiera atender a las dos reuniones.

Un grupo de expertos compuesto por los miembros de Transparencia Internacional España ha comparecido en el Congreso de los diputados, para responder a las preguntas de los diputados y subrayar los fallos del actual Proyecto de Ley de Transparencia presentado por el Partido Popular. Comentaba en un post anterior la opinión general de los expertos que señala que si no se modifica el Proyecto de Ley, la ley nacerá vieja y no supondrá un cambio de paradigma cultural hacia la transparencia, al estar muy por debajo de los estándares internacionales.



Ayer, se reiteró que se trata de una ley con demasiadas que por las dificultades que presenta actualmente  generará problemas normativos. Esto se debe principalmente al volumen de restricciones de la ley  que obstaculizan a la misma. Esas mismas restricciones al derecho de acceso a la información pueden impedir la regeneración democrática y la instauración de una cultura de la transparencia en nuestro país. Antonio Garrigues de Transparencia Internacional España, explicó que en esa ley sobran las limitaciones al acceso a la información. Si bien tiene que haber limitaciones para preservar la protección de datos y no dañar el derecho a la intimidad y a la privacidad así como a la "seguridad y a la defensa"; éstas deben ser tan sólo algunas excepciones y no se puede aprovechar de ello para cometer abusos. Recordemos que tanto los partidos políticos y la Casa Real, entre otras, están por ahora fuera del alcance de la ley. Parece increíble que ambas instituciones queden fuera del acceso a la información que puedan requerir los ciudadanos cuando están al servicio de los ciudadanos y manejan dinero público.

Garrigues lamentó la falta de un proceso de consenso rápido sobre un tema tan importante y urgente, como también ha expresado su temor de que los diputados busquen argumentos que sirvan a retrasar la aprobación de la ley discutida. No parecen ponerse de acuerdo sobre cuál debería ser el caracter de la ley (orgánica o no), ni si ésta debería regular los lobbys para que sean transparentes y borrar así su connotación negativa etc. Sí es cierto que es urgente que España cuente con dicha Ley (es el único gran país europeo que carece de ella), los medios cada día lo confirman con nuevas noticias sobre corrupción. Pero es necesario tomar el tiempo de mejorarla, corregir los fallos, adecuarla a nuestros tiempos y aprender de los países que tienen una larga y cálida experiencia en materia de transparencia.

¿Cómo aceptar que se apruebe la Ley contando con un silencio negativo de las administraciones? ¿No contestan a las solicitudes de información y ello no trae no consecuencias? ¡No! No nos podemos conformar con migajas de transparencia mientras atravesamos la mayor crisis económica y social de toda la "democracia". Mientras nos enteramos- en parte- de que los políticos se sirven sin escrúpulos en las arcas del Estado, esos mismos políticos que nos piden con lágrimas de cocodrilo que nos apretemos el cinturón.

Hay demasiados hechos que de por sí revelan que políticos e instituciones,  pese a enorgullecerse del Proyecto de Ley de Transparencia, no están dispuestos a dar el paso. Sino ¿Por qué se ha tenido que exiliar el juez Garzón por investigar sobre corrupción política, por qué tanta reticencia a investigar la gestión de Rato al mando de Bankia, y por qué basta una auditoría para poner punto y final al Bárcenas Gate? Si falta voluntad política para la rendición de cuentas que no falte un fuerte movimiento ciudadano a la hora de reclamar el fin de la opacidad con una fuerte regulación y control de los poderes.

Tomemos el tiempo de exigir que se apruebe una Ley de Transparencia con los menores fallos posibles, una ley que no burle nuestro derecho de acceso a la información, que por cierto, está reconocido como derecho fundamental por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.